Lo que Fajardo debió conocer: ¿por qué protestan los maestros?

Los medios de comunicación y la opinión pública perciben cada vez con más indiferencia y hasta molestia el paro de trabajadores. Entendemos que el cese de actividades afecta no solo a los estudiantes sino a sus familias, que el cierre de algunas vías impacte las actividades cotidianas de otros. Pero es la última opción que nos deja este gobierno que no solo le ha incumplido a los maestros y otros sectores de la población; ¡le ha incumplido al sistema educativo nacional!

En el mes de junio del año 2017 se firmó un acuerdo entre el gobierno del premio Nobel de Paz 2017 y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación [FECODE], luego de un paro nacional de 37 días. El documento incluyó 25 puntos. Hoy, casi un año después del histórico movimiento, el panorama es desalentador: la veintena de puntos firmados no se ha cumplido. Motivo por el cual, la Junta Nacional de FECODE autoriza al Comité Ejecutivo para que se denuncie la situación y se exija al Gobierno Nacional que tome acciones para cumplir con el acuerdo: se convoca a un paro nacional los días 9 y 10 de mayo del 2018, con el propósito de llamar la atención de la sociedad y la comunidad internacional acerca de la calamitosa situación a que ha sido reducida la educación pública estatal, por los gobiernos de turno del nuevo milenio (FECODE, 2017).

El origen del problema se remonta al año 2001, cuando la crisis fiscal que enfrentaba la Nación obligó al Estado a reducir el gasto público. El proyecto del Acto Legislativo 01 de 2001 prometía ser la solución, porque disminuiría los egresos de entidades territoriales en rubros como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Esto a través de una modificación de la asignación presupuestal y la creación del Sistema General de Participación durante los próximos 15 años; es decir, que en el año 2016 terminaría y regresaría a lo establecido inicialmente en la Carta Magna. Así lo indicada el parágrafo transitorio 3 de este Acto. No obstante, en el año 2007, con la crisis casi superada y un Estado ya acomodado a un gasto mayor, se radicó el Acto Legislativo 04, una reforma a ese parágrafo para impedir que, en efecto, se regresara al sistema inicial (Ortiz, 2017).

Las consecuencias de la decisión han perjudicado gravemente a la comunidad educativa en general, pues “durante los últimos 15 años, el monto base de cálculo de las transferencias ha sido ajustado vertiginosamente -por no decir, brutalmente- a la baja, pasando de representar el 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación [ICN] en el año 2000, a solo el 29,28% en el 2016” (Ortiz, 2017, p. 18). Esta infausta realidad, que no solo afecta a los maestros, sino que compromete al sistema educativo y el futuro de todo un país, lleva nuevamente al Magisterio de Colombia a reclamar Financiación de la Educación y garantía de ese Derecho Fundamental de los ciudadanos de todo el país.

Derecho Fundamental que compromete la situación de los niños, adolescentes y jóvenes escolarizados: en lo público estatal [más de 8.500.000], en colegios particulares (más de 1.900.000 y quienes no están estudiando [más de 1.500.000] (Dorado, 2018). Los acuerdos contemplan cubrir paulatinamente la cobertura de los niños de prejardín y jardín, que hoy no tienen acceso al preescolar y al 44% de los menores de transición, debido a que en la actualidad solo el 56% de los niños de transición son atendidos por la cobertura estatal y el 100% de jardín y prejardín no gozan de ese Derecho por parte del Estado (FECODE, 2017).

La financiación de la educación pública estatal que viene en caída desde 2001 y que desde 2016 ha quedado en un limbo, es la médula espinal de los acuerdos firmados. Es evidente la urgencia de una Reforma Constitucional que la garantice. Como el gobierno ha incumplido, el acceso universal al sistema educativo; la Canasta Educativa para todos los estudiantes; la implementación de la Jornada Única; la infraestructura educativa pública; las relaciones técnicas alumno-docente y alumno-grupo; la garantía de prejardín, jardín y transición para los menores de 5 años; la salud, el bienestar, el pago de las deudas y los salarios a los docentes y directivos docentes; entre otras aspectos, están hoy en cuidados intensivos (FECODE, 2017).

A este paso, “Colombia, la mejor educada en el 2025”, seguirá siendo una meta inalcanzable, no por el deseo de los nacionales ni de los maestros, sino porque así lo han determinado los gobernantes de turno, en su afán por servir a los apetitos de la banca multinacional, al mercado, a la OCDE y a los intereses empresariales tanto de orden nacional y como mundial.

Como trabajadores, la opción que nos deja la desidia del gobierno, ante las múltiples solicitudes de concertación y de cumplimiento, no solo de la mejora de condiciones laborales, sino y sobretodo de acciones urgentes para rescatar, recuperar y mejorar la educación pública estatal, es el paro.

El gobierno miente y las cifras lo desmienten.

Colombia asigna anualmente para cada estudiante un promedio de US$754; Brasil invierte US$1340; Argentina US$ 1631 y otros países, con los que ignorantemente nos comparan, como Finlandia, Corea, Singapur, Canadá y Japón destinaban en 2011 entre US$ 6.500 y US$ 7.500 por niño de primaria. Más de diez veces el giro medio por concepto de transferencias educativas en nuestro país (Ilich, 2017, pág 22).

Hilando más delgado: en la Tabla 1 se puede ver cómo el Costo de la Canasta Educativa para un niño de Preescolar era en 2016 de $5.812.562 COP y el Estado apenas aportaba $3.812.562; en Primaria: $4.732.652 y el Estado contribuía con $2.798.487; en Secundaria; $4.681.755 y el Estado aportaba $2.505.819; en Media $5.169.190 y el Estado apenas desembolsaba $2.872.369 (Dorado, 2018, p. 2).

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Tabla 1. Canasta Educativa 2016: costo, aportes del estado y déficit. Elaboración propia con base en (Dorado, 2018, p. 2).

Ahora bien, con el paso de los años siguientes, el porcentaje de financiación del Estado por estudiante seguirá en declive y el déficit del costo seguirá siendo cada vez más grande. Nos surge la pregunta ¿Cómo es que entonces Colombia será la más educada en el 2025 -o en la fecha que le asigne cualquier gobernante-?

El futuro es incierto y pesimista si no se superan brechas: la llamada Brecha Histórica que supera los 138 billones de pesos para educación -de más de 73 billones-, salud, agua potable y saneamiento básico; la brecha de la Canasta Educativa; la de la des financiación de la educación, la cual en 2018 supera los 1.2 billones de pesos y para el 2019 sobrepasará los 2 billones; y la brecha de Jornada Única, la cual se está implementando de manera improvisada a costa de la sobrecarga laboral y a pesar de la falta de recursos para dotación, alimentación, infraestructura, transporte, relaciones técnicas maestro estudiante, aula de clase, presupuesto y salario profesional, entre otras exigencias (Dorado, 2018)… El sistema educativo se está desangrando y más que palabras, se necesitan acciones y un especial cuidado para recuperarlo.

“Cuanto más clara es una voz, más disonante suena, no hay coro a quien le guste y su aislamiento estético adquiere dimensiones físicas”, se lee en Tradición y disidencia (Goytisolo, 2003).

La voz del magisterio ha sido clara: aunque a la orquesta de la economía del mercado, al orfeón de la privatización y al coral de los malos gobiernos no les guste escuchar esa voz disidente que no le hace eco a las políticas neoliberales, que protesta ante la injusticia social y ante la descarada des financiación de la Educación y de lo público en general, que se niega a ser funcionario público obligado a cumplir con los mandatos de hombres y mujeres que no tienen la instrucción y la sabiduría de un educador, gobernantes que no poseen experiencia alguna de tratar con jóvenes y cuya única actitud hacia la educación, como decía Bertrand Russell (1985) “es la del propagandista. FECODE y el Gobierno Nacional establecieron unas fechas y unas acciones precisas para cada uno de los 25 puntos (FECODE, 2017), pero a la fecha, como ya se ha ventilado, no se han cumplido.

¡La educación pública tiene que dejar de ser un discurso esquizofrénico que ningún gobernante toma en serio!

La educación universitaria estatal tiene su propia crisis de financiación, cobertura, acceso y permanencia. No se ahondará en esta, pero esbozar el panorama que le espera a los pocos estudiantes que logren culminar su paso por la formación básica y media es pertinente. La deserción en las instituciones de educación superior está por encima del 50% y la actitud del gobierno es seguir con el esquema privatizador, potenciando la des financiación y sometiendo la universidad pública a las demandas del mercado… Y con esta precariedad, se pretende incorporar a Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], donde los países miembros invierten un promedio de US$10.182 al año por estudiante tanto de primaria, de secundaria y de universidad. Y esta nación, apenas US$3.245, “la cifra más baja en toda América Latina” (Colprensa, 2017).

¡No es un tema de salarios de las y los maestros, es el presente y futuro de un país!

FECODE (2017), a través del paro le advierte a la sociedad sobre el riesgo en que el gobierno pone a Colombia. Ya lo hizo en 2001, cuando el entonces Ministro de Hacienda y hoy Presidente de la República, firmó el Acto Legislativo 01 para cambiar el modelo de transferencias por el Sistema General de Participación. Los resultados que hoy muestra ese accionar político son nefastos: la crisis de la educación estatal. FECODE advirtió a los alcaldes y a los gobernadores de esa época acerca de las peligrosas consecuencias, pero ellos hicieron caso omiso y hoy están en apuros, porque no cuentan ni siquiera con que pagar la nómina de maestros.

José Israel González Blanco

Referencias

Colprensa. (2017). Colombia es el país latino que menos invierte en educación, según la Ocde. El País, Septiembre. Retrieved from http://www.elpais.com.co/colombia/es-el-pais-latino-que-menos-invierte-en-educacion-segun-la-ocde.html

Dorado, O. (2018). El paro no está para cucharas. Bogotá. Retrieved from http://www.overdorado.com/wp-content/uploads/2017/06/EL-PARO-NO-ESTÁ-PARA-CUCHARAS-Los-Profes-Junio-4-2017-.pdf

FECODE. (2017). Cartilla de acuerdos FECODE-MEN. Bogotá.

Goytisolo, J. (2003). Tradición y disidencia. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Ortiz, I. (2017, February). El Sistema General de Participaciones. 118, 18–25.

Russell, B. (1985). Las funciones de un maestro. In Ensayos educativos (pp. 69–80). Madrid: EDHASA.

 

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